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El debate sobre la reforma a la Policía volvió a despertar a raíz de las violentas protestas que se dieron en Bogotá entre el 9 y el 10 de septiembre, que dejaron un doloroso saldo de muertos y heridos entre civiles y policías. Lo que hasta ahora se conoce sobre la actuación de la Policía valida la indignación ciudadana y los pedidos por hacer cambios de fondo a la institución para impedir que esto vuelva a suceder.
La policía es en nuestros días, frecuente objeto de discusión. Es habitual escuchar o leer comentarios que se refieren a su mucha o poca eficacia, a la corrección o no de los medios que utiliza o si las tareas a las que dedica sus esfuerzo son las adecuadas o si, por el contrario, debería dedicarse a otros menesteres que tiene actualmente descuidados.
La Ley N°20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública establece que dicha institución será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior.
La agenda de la consolidación democrática latinoamericana tiene un asunto fundamental pendiente: reformar las instituciones policiales. Más allá de la nutrida agenda social, económica y política que se discute de forma constante en la región, las transformaciones del ente gubernamental
encargado del monopolio del uso de la fuerza son un asunto que queda muchas veces fuera de la prioridad, o se enfrenta desde perspectivas puramente coyunturales
Los Acuerdos de Paz alcanzados durante 1991 y 1996 respectivamente, entre los gobiernos de El Salvador y Guatemala y los representantes de la oposición armada que enfrentaban , abrieron paso a dos de los esfuerzos recientes y más comprensivos por avanzar hacia reformas de la institución
policial en América Latina.
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Al mismo tiempo, hay importantes fallas en el liderazgo civil, empezando por la fisura entre el Gobierno Nacional y el Distrital.
Esto ha obstruido la necesaria cooperación que se requiere entre ambas instancias para proteger efectivamente a los ciudadanos, a la vez que se garantiza el derecho a la movilización social. Todo esto se ha dado en medio de una profunda división política donde abundan las recriminaciones y se evidencian grandes diferencias respecto de qué hacer con la Policía.
El dia 03 de Diciembre 2020 organizado por el Centro de Políticas Publicas de la Universidad Católica se realizo via on line el Seminario “Ética y DD.HH en Carabineros de Chile, una propuesta integral,” donde los panelista analizaron los temas en cuestión y en el cual se expresaron contenidos en relación a Carabineros que distan mucho de la realidad.
Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2019, la tasa de victimización1 de hogares por delitos de mayor connotación social disminuyó 2,0 puntos porcentuales (pp.) en comparación con 2018, situándose en 23,3%.
A continuación el reporte.